Una decisión que sienta precedente sobre la cláusula antielusión

El Área de Derecho Fiscal de DZP, en colaboración con WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy de Wrocław, ha representado con éxito a un Cliente ante las autoridades fiscales en un litigio con carácter de precedente, relativo a la aplicación de la llamada pequeña cláusula antielusión en las fusiones de empresas (el importe de los atrasos en el impuesto de sociedades, incluidos los intereses de demora, fue de casi 8 millones de zlotys).

La autoridad tributaria de primera instancia impugnó la neutralidad fiscal de la fusión y determinó para la empresa adquirente la renta por el monto del valor de los activos de la empresa adquirida. Constató que la fusión era el elemento final de una secuencia de actividades encaminadas a lograr una ventaja fiscal y no estaba justificada económicamente. Por lo tanto, según la autoridad fiscal, procedía aplicar en este caso las disposiciones que excluían la neutralidad fiscal de la fusión (la llamada pequeña cláusula antielusión) y la fusión dio lugar a ingresos para la empresa adquirente.

A raíz de un recurso contra la decisión de la autoridad de primera instancia, preparado por expertos del Área de Derecho Fiscal de DZP en colaboración con WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy, el director de la Oficina de Aduanas e Impuestos ha revocado la decisión emitida por la misma autoridad en primera instancia y ha archivado el procedimiento. La decisión pone fin a la controversia con las autoridades de la administración tributaria y obliga a las autoridades fiscales a devolver los impuestos pagados con intereses.

Esta decisión es extremadamente importante no sólo para el Cliente sino también para otros contribuyentes puesto que sienta un precedente. Aunque estas disposiciones están en vigor desde hace más de 17 años, en la práctica se han aplicado con muy poca frecuencia y no existe la práctica de evaluar las razones económicas justificadas y una actuación cuyo objetivo principal es evitar o evadir impuestos.

Al revocar la decisión emitida en primera instancia, la autoridad tributaria ha compartido los argumentos presentados en la apelación por los expertos del Área de Derecho Fiscal de DZP y WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy y ha formulado una serie de directrices sobre la aplicación de la llamada pequeña cláusula antielusión, entre ellas las siguientes:

• la aplicación de la pequeña cláusula antielusión es posible si la ventaja fiscal es un resultado directo de la fusión;
• si la ventaja fiscal es independiente de la fusión (también se produciría si no hubiera fusión), no se puede argumentar que el principal o uno de los principales objetivos de la fusión es evitar o evadir impuestos y, por lo tanto, no hay motivos para aplicar la pequeña cláusula antielusión;
• para aplicar la pequeña cláusula antielusión hasta 2016, se debían cumplir dos condiciones acumulativas: la falta de justificación económica y la adopción de medidas para lograr una ventaja fiscal;
• la neutralidad fiscal de la fusión en sí no es una ventaja fiscal obtenida como resultado de la fusión.

Estas directrices indican la dirección en que puede ir la práctica de las autoridades fiscales en lo que respecta a la aplicación de la pequeña cláusula antielusión y a socavar la neutralidad fiscal de las fusiones y escisiones de empresas tanto en la situación jurídica anterior (que es objeto de la mayoría de los procedimientos actualmente en curso) como en la actual. En efecto, a partir de 2017, para la aplicación de la pequeña cláusula antielusión basta con que no exista una justificación económica de la fusión o escisión (presunción de evasión o elusión), lo que subraya la importancia de las razones que motivan los procesos de reestructuración llevados a cabo para sus consecuencias fiscales.

Este caso también sienta un precedente en el aspecto procesal. El director de la Oficina de Aduanas e Impuestos, al examinar el caso como una autoridad de segunda instancia, ha anulado su decisión emitida en primera instancia debido a su anterior evaluación jurídica errónea. Por lo tanto, es uno de los pocos casos en el país en que el director de la Oficina de Aduanas e Impuestos revoca sus propia decisión.

En nombre de DZP, el caso ha sido llevado por Artur Nowak, Socio, y Tomasz Leszczewski, Senior Tax Manager, del Área de Derecho Fiscal.